CHONCHI/CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Un nuevo escándalo vinculado a un potencial mal uso de recursos públicos y/o un aparente desorden en el control financiero sacude al Servicio de Salud Chiloé, todo luego que la Contraloría General de la República detectara pagos indebidos a quien funge la función de jefe de gabinete, Eduardo Manuel Andrade Gómez (UDI), y que además se desempeña como concejal por la comuna de Chonchi.
De acuerdo a información recopilada por La Opinión de Chiloé, los hechos se remiten a una fiscalización realizada por el ente contralor al interior del Servicio de Salud Chiloé, instancia en la que se descubrió que al aludido se le habrían pagado remuneraciones en exceso vinculadas a horas no trabajadas o ausencias, situación que eran de su completo conocimiento.
Según la Contraloría, el funcionario —que sólo a octubre de 2021 percibió como remuneración bruta mensualizada un total de $2.136.599.- en esa repartición más lo que percibe con su dieta como concejal en la comuna de Chonchi— debiera reintegrar los montos percibidos improcedentes, sin desmedro de las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales que le podrían corresponder en virtud del artículo 119 de la Ley n.°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Públicos.
En efecto, en el informe de fiscalización se instruyó al Servicio de Salud Chiloé la realización de un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en estos hechos, mientras que se ingresaron los antecedentes a su unidad jurídica para evaluar la pertinencia de remitir los resultados de la indagatoria al Consejo de Defensa del Estado.
Este es un nuevo golpe a la desastrosa gestión del organismo en comento, que ha visto durante los últimos años un empeoramiento progresivo de sus indicadores de resolutividad y gestión, llegando a cifras históricas en listas de espera, deuda hospitalaria y miles de millones de pesos en déficit presupuestario.
Por ahora se desconoce la dinámica exacta que este funcionario utilizaba para acreditar sus horarios de trabajo, desconociéndose también la forma en que era supervisado por su jefe directo.
El diputado Alejandro Bernales (PL) se pronunció sobre el reporte asegurando que: «lamentablemente la Contraloría ha confirmado algo que nosotros hemos sostenido hace mucho tiempo, el Servicio de Salud Chiloé es una verdadera caja pagadora de favores políticos en la provincia. Esto es realmente impresentable y vergonzoso».
Agregó que además de la restitución de remuneraciones mal habidas, «se pide además que se inicie una investigación sumaria en su contra por haber estado realizando campaña política en horario de trabajo, además se indica en este informe que habría una duplicidad de funciones del actual concejal Eduardo Andrade y del diputado electo Fernando Bórquez (indep. pro RN), ambos serían jefes de gabinete del mismo servicio y Contraloría detectó esa irregularidad», dijo.
Hay que recordar que tras su renuncia como Gobernador Provincial, Héctor Fernando Bórquez Montecinos arribó al Servicio con una remuneración bruta mensualizada de $1.666.667.- gracias a una decisión del ex Director, Erik Poblete Torres, indicándose desde los gremios que entró en el mismo cargo que era ocupado por Eduardo Manuel Andrade Gómez.
«Esto es realmente vergonzoso e indignante, porque con la salud no se juega. Esto lo venimos denunciando hace tiempo junto a los funcionarios de salud de Chiloé y las autoridades han mirado para el lado y se han hecho los lesos y hoy Contraloría desnudó este problema y dejó en evidencia la gran problemática que se vive en Chiloé respecto a salud», espetó el diputado Bernales.
El concejal chochino y funcionario de marras involucrado se refirió a este tema, y sin pronunciarse respecto al fondo de la irregularidad detectada, afirmó que «son hechos que se están investigando en un sumario administrativo, y por tanto no pueden darse juicios apresurados e infundados frente a un proceso que todavía no termina».
Agregó que «llama poderosamente la atención, que un diputado de la República se atreva a prejuzgar a un funcionario público y manchar la imagen institucional de un Servicio, con sus desafortunadas declaraciones y publicaciones, pues, como ya se explicó, se va a llevar a cabo una investigación y será esa la oportunidad para que los involucrados puedan explicar los hechos y se determine o no eventuales responsabilidades».
En este sentido, fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé precisaron que el procedimiento sumarial que se lleva adelante busca establecer responsabilidades administrativas y no tiene nada que ver con la restitución de los fondos públicos tras las conclusiones de la auditoría; vale decir, ambas medidas siguen carriles distintos.
Luego, las inconsistencias serían evidentes dado que existirían horarios donde el jefe de gabinete y concejal habría estado en dos partes a la vez. O sea, Andrade Gómez habría cobrado remuneraciones por horas supuestamente trabajadas en el Servicio de Salud Chiloé mientras estaba en labores vinculadas a ser concejal.
Ergo, el artículo 67 de la Ley n.° 10.336 confiere al Contralor la facultad de —incluso— descontar de las remuneraciones de los funcionarios de los organismos o servicios que controla, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente, existiendo la posibilidad de retenciones sobre estipendios mensuales, por lo que el sumario al que alude Andrade Gómez no se relaciona a su deber de devolver el dinero sino que a pesquisar a los eventuales responsables, siendo él uno de los indagados.
De hecho, ya en el Dictamen n.º 9497/2007 de la Contraloría General de la República se indica que «cuando se ha producido un pago erróneo (…), se produce un enriquecimiento ilícito en favor de los funcionarios que lo han recibido, por lo que surge la obligación de reintegrar las sumas mal percibidas, en la misma cantidad y calidad, a objeto de saldar la obligación que tienen con el Fisco».
Además, de conformidad con lo concluido en el dictamen n.°37242/2012 de la Contraloría General de la República, «de acuerdo con lo señalado en el artículo 2515 del Código Civil, tratándose de los créditos que el Fisco tiene en contra de los funcionarios por concepto de estipendios mal percibidos, el plazo de prescripción es de cinco años», por lo que el concejal deberá restituir los fondos a la brevedad sin perjuicio de la solicitud de otorgamiento de facilidades que, en su oportunidad, el requirente pueda deducir de conformidad con el artículo 67 de la ley n.°10.336.
Por otro lado, de conformidad al dictamen n.° 100958/2015 de la Contraloría General de la República, aunque los montos hayan sido percibidos de buena fe y con justa causa de error por Andrade Gómez, «tales elementos no permiten eximir a un empleado de la obligación de reintegrar las sumas que haya recibido indebidamente, sino que han sido previstos por la ley, únicamente, a efectos de ser considerados al momento de determinar si existe mérito para liberarlo total o parcialmente de ese deber».
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