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ANCUD (La Opinión de Chiloé) — En medio de la reactivación de las indagatorias por parte del Ministerio Público de Ancud respecto de la eventual comisión del delito de malversación de caudales públicos al interior de la Corporación Municipal de Ancud, y que habría ocurrido en la administración de la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez, durante este lunes el Consejo de Defensa del Estado decidió sumarse al proceso y tras querellarse, solicitó una serie de diligencias que podrían traer sorpresas.
En efecto, de acuerdo a antecedentes judiciales que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, el CDE decidió querellarse en contra del ex Secretario General de la Corporación, Luis Armando Ampuero Chiguay, quien también fue ex Presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G. para la Región de los Lagos, en contra del ex Jefe de Finanzas de la Corporación, Abdón Rigoberto Barría Bórquez, y en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de un delito consumado de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 235 inc. ° y 2° del Código Penal, en relación al 233 N°3 del Código Penal y artículo 238 del mismo cuerpo legal; sin perjuicio de otros delitos y responsables que se determinen durante la investigación.
La decisión se tomó, principalmente, porque tras lo que habría ocurrido en la Corporación Municipal de Ancud, se configurarían posibles perjuicios económicos para el Fisco, entendiendo que parte de las maniobras financieras que se realizaron días antes que asumiera la nueva administración de Carlos Gómez, involucraron recursos provenientes de los Ministerios de Educación y Salud.
Parte diciendo en la querella que «los días 15 de marzo y 11 de abril de 2016, se recibió en la cuenta corriente N°83100037672 del Banco Estado, cuyo titular es la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud –denominada internamente por la Corporación como cuenta “Educación”–, desde el Ministerio de Educación, recursos en el marco de la Ley N°20.822 para el pago del beneficio de incentivo al retiro del personal docente, a saber: una primera transferencia por la suma de $267.297.298, para ser pagada a 13 profesores acogidos a retiro en la comuna de Ancud; y una segunda transferencia por $390.168.534, para ser pagada a otros 19 docentes acogidos a dicho inventivo en la mencionada comuna, respectivamente».
«Entre abril y noviembre de 2016 se efectuó el pago del bono de incentivo al retiro a 25 profesores, quedando pendiente el pago a siete de ellos», acota.
«En dichas circunstancias, el querellado Abdón Barría Bórquez, en su calidad de Director de Administración y Finanzas de la Corporación Municipal de Ancud, junto a otro girador subrogante, en la ciudad de Ancud, emitió seis cheques de la cuenta de “Educación” ya individualizada, fechados al 30/11/2016 y destinados al pago del bono por incentivo al retiro a seis docentes de la comuna (Aurelia Guineo Guichamán, Cecilia Subiabre Díaz, Ramona Aravena Barrientos, Elizabeth Corrales Huenul, Ana Wolf Mansilla y Carmen Díaz Keyser) ascendentes a las sumas de $ 21.500.000 cada una (excepto Cecilia Subiabre, cuyo cheque fue por la suma de $3.169.533), dando un total de giros por este concepto de $110.669.533.-«, esgrime el CDE.
Asegura que «el día 5 diciembre de 2016 –último día de la administración de la presidenta de la Corporación Municipal de Ancud y alcaldesa de la comuna, Soledad Moreno Núñez y, por ende, de su período de funciones–, los imputados Abdón Barría Bórquez y Luis Ampuero Chiguay, [presuntamente] abusando de sus funciones públicas en sus respectivas calidades de Director de Administración y Finanzas y Secretario Titular de la Corporación Municipal de Ancud, autorizaron y efectuaron una transferencia bancaria de $122.500.000 desde la cuenta corriente “Administración Central Corporación”, en la que se había recibido, ese mismo día, diversas transferencias desde el Servicio de Salud de Chiloé, a la cuenta corriente “Educación”, la que, antes de dicha transferencia, tenía un saldo de $3.893.940, por lo que ese día, y luego de dicha transferencia, el saldo aumentó a un total de $126.393.940.-«.
Agregan que «una vez que, a raíz de la transferencia anterior, la cuenta corriente de “Educación” contaba con fondos, a sabiendas de estar pendientes obligaciones como el pago del finiquito y bonificación por retiro a siete docentes de la comuna, y de que no había recursos ni estaban financiados otros pagos por concepto de desahucios de funcionarios de confianza, el mismo día 05/12/2016 los imputados Luis Ampuero Chiguay y Abdón Barría Bórquez, [presuntamente] abusando de sus cargos y en ejercicio de sus funciones vinculadas a la administración financiera de la Corporación, [eventualmente] aplicaron indebidamente, a usos propios, caudales públicos puestos a su cargo, emitiendo cheques de la cuenta de “Educación” de la Corporación Municipal de Ancud a sus nombres, los que luego cobraron por las sumas de $28.632.062 para Luis Ampuero Chiguay y $15.662.050 para Abdón Barría Bórquez, actuación —en opinión del CDE— irregular y abusiva que atribuyeron, en documentos generados y suscritos por ellos mismos, al pago de sus propias indemnizaciones que no estaban cubiertas contablemente, entre ellos, finiquitos que fueron autorizados el mismo día 5 de diciembre de 2016 por el imputado ministro de fe».
Continúa diciendo que «ese mismo día y de igual forma, los imputados Barría Bórquez y Ampuero Chiguay, aplicaron fondos provenientes del Servicio de Salud y transferidos por ellos mismos a la cuenta “Educación” de la Corporación Municipal de Ancud, a otros ámbitos no autorizados, como el pago de desahucio de otros funcionarios de confianza de la administración que culminaba su periodo en esa fecha, en este caso, la indemnización pagada a la Directora del Depto. de Educación de dicha Corporación, doña María Luisa Rojas Alvarado, por la suma de $4.000.000.-; y otros pagos efectuados a proveedores de la corporación…».
Hay que mencionar que Rojas Alvarado fue elegida concejal durante las elecciones municipales del año 2016, y tras ocupar dicho cargo por cuatro años, no fue reelecta.
En opinión del CDE, «los dineros distraídos por los imputados no fueron reintegrados a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, causando grave entorpecimiento en la gestión financiera y contable del servicio, retardando el pago de otras obligaciones contraídas por la Corporación Municipal, como el pago del retiro de cinco docentes, cuyos bonos habían sido depositados por el Ministerio de Educación en los meses marzo y abril de 2016, debiendo efectuarse por la nueva administración transacciones de pago con A.G., C.S., R.A. y Á.A. en el mes de marzo de 2018, mientras que la docente Elizabeth Corrales había cobrado su cheque el 6 de diciembre de 2016, pagado con fondos propios del nuevo gobierno municipal del cual depende la Corporación».
En el caso de la querella presentada por el CDE, se solicitan una serie de diligencias, entre ellas, que se entreguen las copias de los decretos y resoluciones donde conste el nombramiento de los querellados en sus respectivos cargos, remitiendo así toda la documentación relativa a su contratación, funciones y periodo trabajado. Además, se añade la entrega de copia de las investigaciones sumarias que hayan tenido lugar con ocasión de los hechos precedentemente descritos; esto último permitiría, entre otras cosas, develar si tras lo ocurrido se realizó alguna indagatoria interna en la Corporación y sus resultados, algo que hasta el momento se desconoce.
Por otro lado, solicitó que se realicen una serie de diligencias para levantar antecedentes sobre el cambio patrimonial de los querellados u otros responsables de los hechos, incluyendo además un pedido para que Brigada investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) realice un análisis para incorporan hechos y/o partícipes adicionales a los contenidos en la formalización que hasta el momento sólo tiene a Ampuero Chiguay y Barría Bórquez.
Hay que recordar que a los dos aludidos, siguen en calidad de imputados la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez, el exjefe de personal Jorge Alarcón Sánchez, el exdirector de control Ricardo Lagno Cruces y la exjefa de Educación y exconcejal, María Luisa Rojas Alvarado.
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