REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN (La Opinión de Chiloé) — Tras la revelación que realizó el 10 de julio pasado La Opinión de Chiloé respecto a una demanda de indemnización de perjuicios por provecho de dolo interpuesta por la Municipalidad de Ancud para que Tania Cherubini Gallardo, exSECPLAN del municipio que accedió a tal cargo sin tener título profesional, restituya un total de $15.295.785.- más intereses, reajustes y costas (monto que recibió por concepto de remuneraciones entre enero y junio de 2016), La Opinión de Chiloé buscó en registros del Poder Judicial para ver casuística, o sea, para indagar qué pasó con el otro exSECPLAN que ocupó el cargo en Ancud sin título, encontrándose con algunas sorpresas.
La primera interrogante que había que dilucidar es si ¿existió una demanda similar en contra de Javier Hernán Díaz Saldivia quien por 40 meses engañó a gran parte de Ancud con un título falso? Todo ocurrió durante la época en que el DC Pablo Ossio Muñoz era alcalde (2000-2008). Como cargo de estricta confianza, el 1 de febrero de 2002 es nombrado SECPLAN firmando como Administrador Público; luego, a mediados de 2005 salió del cargo y en marzo de 2007 fue condenado por ejercicio ilegal de la profesión.
Así, La Opinión de Chiloé buscó en los registros del Juzgado de Letras de Ancud para verificar si la administración municipal persiguió civilmente la restitución de las decenas de millones de pesos que recibió como remuneración. El asidero de tal devolución tendría estricta relación y subordinación a lo establecido en el artículo 65 inciso 1 de la Ley n.°18.575; sin embargo, no se encontraron registros en el tribunal.
Los 300 días de pena corrieron, Ossio perdió las elecciones en octubre de 2008 y el tema pasó al olvido ya que tampoco Kruger (UDI) pidió restituir los dineros.
Hasta ese punto, todo seguía los canónes esperables para esta persona de confianza de Ossio que además, fue condenado por el delito de estafa frustrada tras un lío con la ampliación de la Escuela Anexa mientras era SECPLAN, y que significaba perjuicios a las arcas fiscales que se llegaron a estimar en más 100 millones de pesos.
Sin embargo, una enorme sorpresa encontró La Opinión de Chiloé cuando en medio de la búsqueda de antecedentes sobre Javier Hernán Díaz Saldivia en el Municipio de Ancud, comenzaran a aparecer una serie de pagos mensuales al aludido. ¿Cómo un estafador frustrado y que ejerció ilegalmente un título dentro del municipio llegó de nuevo al ente al que causó perjuicios?
Acá aparece lo insólito: a junio de 2017 estaba trabajando en el SECPLAN, el mismo lugar desde donde protagonizó sus delitos, recibiendo una remuneración mensual bruta de $888.889.-; está en el municipio desde el 1 de septiembre de 2014, cuando la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez (esposa de Ossio) autorizó su contratación con un sueldo de $802.778.- sin concurso público por lo que no compitió ni con Ingenieros, Arquitectos u otros profesionales residentes en Ancud, varios de ellos disponibles en el mercado laboral. Lo curioso es que en los registros de remuneraciones para septiembre de 2014 aparecía como Administrador Público, pero en el de junio de este año aparece como egresado de Administración Pública ¿otra vez mintiendo?
Opinión de la Dirección de Control
La Opinión de Chiloé consultó a Leyla Aguayo Valenzuela, a cargo de la Dirección de Control Interno de la Municipalidad, respecto a las implicancias en términos de probidad para la actual administración del alcalde de Ancud, Carlos Gómez Miranda, en cuanto a tener a un delincuente condenado por hechos que precisamente impactaron latamente al mismo municipio, todo en el marco de declaraciones a medios de prensa donde la primera autoridad ha reafirmado que en su gestión tendría sólo a gente proba.
Sin discutir nada respecto a lo dudosa que podría parecer para la comunidad la consigna de Gómez Miranda, la Directora comentó:
«Parte del principio de probidad es el deber de legalidad, debiendo ceñirse cada funcionario a lo que la ley dispone. Si la ley me fija las inhabilidades de ingreso a la administración pública y ninguna de ellas afecta a quien quieren ingresar, cómo fue el caso de don Javier Díaz, no puedo yo oponerme sin razón legal alguna (…) la ley es clara en señalar las inhabilidades para ingreso de a la administración pública y don Javier Díaz no está inhabilitado para ser contratado; los rechazos a una contratación deben tener un sustento legal, de otra forma podría llegar a considerarse un acto arbitrario, ilegal y discriminatorio».
Sobre si la decisión de su contratación fue directamente por pedido de la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez y las razones por las cuales se desechó el ingreso de profesionales titulados o no se realizó concurso público y se optó directamente por Díaz Saldivia, siendo mantenido incluso hasta el día de hoy, Aguayo agregó:
«La gran mayoría de las contrataciones a honorarios, son hechas por decisión del alcalde de turno, siempre es así, es una atribución. No requieren concurso público. El 90% del personal a honorarios ingresa así en todos los municipios en Chile. (…) La dirección de control es un ente fiscalizador, pero no decide quién debe contratarse. Esa facultad por ley sólo le corresponde a la primera autoridad comunal».
La sentencia por el título falso
Desde el día 1 de febrero de 2002 y hasta el día 5 de junio de 2005, Javier Hernán Díaz Saldivia ejerció el cargo de Secretario Comunal de Planificación y Coordinación (SECPLAN) de la Ilustre Municipalidad de Ancud fingiendo ser titulado de la carrera universitaria de Administración Pública de la Universidad de Los Lagos, ejerciendo funciones propias de dicha profesión y firmando como tal al momento de ejercer su cargo, el cual, tenía como requisito tener un titulo universitario. Fue nombrado por el exalcalde Pablo Adolfo Ossio Muñoz.
La situación quedó al descubierto tras una carta del 7 de diciembre de 2005 emitida por don Eduardo Barraza Jara, Secretario General de la Universidad de Los Lagos, en el cual, se informa que Díaz Saldivia usaba un título falso; todo se dio tras una investigación de la Contraloría General de la República dado que desde la municipalidad no se realizaron gestiones para averiguar la autenticidad del documento.
En particular, el delincuente había presentado una copia legalizada de un certificado de titulo falso de fecha 29 de noviembre de 2002, en el cual, se estampaba una mentira: decía que había obtenido el titulo profesional de Administrador Público el 21 de diciembre de 2000.
El 23 de marzo de 2007, el imputado reconoció responsabilidad en los hechos. Fue condenado a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, a la accesoria de suspensión para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de una multa de 6 UTM.
La sentencia por la estafa frustrada
El día 9 de marzo de 2009, y tras años negándolo, finalmente Javier Hernán Díaz Saldivia reconoció ante el tribunal de Ancud su responsabilidad en una serie de hechos que habrían provocado perjuicios para el Estado estimados en esa época en torno a los 100 millones de pesos, y que se generaron tras las obras para la ampliación de la Escuela Anexa licitada en 2003.
De acuerdo a la sentencia que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, el 4 de julio de 2003 se firmó el contrato entre BECSA y la Corporación Municipal para que se realicen las obras.
El 21 de octubre del año siguiente, se levantó acta de recepción provisoria donde se determinó un retraso de 38 días en su ejecución, por lo que la empresa debía pagar una multa de $71.168.414.- neto más reajustes de IPC que terminaron siendo simplemente $797.462.-
¿La razón? En un período comprendido entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 2004, Gerard Bozzo de la Fuente y Javier Díaz Saldivia, quien se desempeñaba como SECPLAN de la Municipalidad de Ancud con un título falso, procedieron a reemplazar un documento oficial que era parte íntegra del proceso de licitación pública por otro falso.
Ello provocaba perjuicios al Fisco de $70.370.952.-, a lo que se sumaban $34.186.819.- como pago indebido a favor de la empresa BECSA. Vale decir, las acciones de Díaz Saldivia en esa época fueron avaluadas en $104.557.771.-
Así, se le condenó por el delito de estafa, en grado de desarrollo de frustrado, perpetrado en Ancud entre el 25 de noviembre y el 01 de diciembre de 2004; aunque el Ministerio Público en primera instancia pedía 540 días de presidio menor en su grado mínimo, finalmente se le aplicó una multa de 1 UTM por arribar a procedimiento simplificado y porque todo ocurrió antes de la reforma procesal.
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