CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Un fallo bastante incómodo es el que por estos días se analiza al interior de la Ilustre Municipalidad de Castro luego que el Juzgado de Letras del Trabajo de la capital provincial confirmara que se despidió a un periodista por razones de orden político. En la sentencia, que se emitió este jueves, se da por acreditado que la administración del alcalde UDI, Juan Vera, ha emulado malas prácticas ya vistas en otros municipios, como por ejemplo el vecino Ancud durante la alcaldía de Soledad Moreno Núñez.
De acuerdo al fallo del 28 de septiembre al que accedió La Opinión de Chiloé, los hechos se vinculan al despido injustificado del periodista Miguel Sánchez, quien trabajaba desde el 1 de octubre de 2010 en el municipio con diversas funciones hasta el 31 de marzo de 2017 cuando fue desvinculado. Relata que desde que asumió el nuevo alcalde nunca más desempeñó normalmente sus funciones, mientras que el administrador municipal, Pablo Lemus, le habría informado en febrero que su contrato cambiaría y que su remuneración se reduciría significativamente; agregó que Lemus «le señaló expresamente que la nueva administración municipal, necesitaba ocupar su grado de contrata, debido a la limitada cantidad de profesionales de la planta municipal, y gran cantidad de requerimientos para contratar gente nueva al municipio, por los compromisos políticos«.
El asunto llegó a la Contraloría General de la República, que mediante el ordinario n.°3081 le ordenó al Municipio reincorporar al trabajador en sus funciones y hacerle pago de las remuneraciones correspondientes, lo cual hasta la fecha no se ha cumplido y así fue reconocido ante la corte por los funcionarios municipales que fueron citados a declarar. Lo curioso de aquello es que en mayo de este año, el propio alcalde Vera aseveraba a medios de prensa que ellos estaban para cumplir lo ordenado por el ente fiscalizador respecto a otro caso, discurso que aparentemente no se aplicó con el señor Sánchez.
Vistos los antecedentes entregados en el tribunal que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, la magistrado señaló: «es posible establecer que la desvinculación del señor Sánchez tiene su fundamento en decisiones de carácter político, lo cual es contrario a la legislación laboral y vulnera sus derechos fundamentales en especial el derecho a la no discriminación».
Añadió la magistrado que no hubo ningún tipo de comunicación o información formal para don Miguel acerca de la no renovación del contrato que expiraba el 31 de marzo de 2017, lo que contraviene lo señalado en el Dictamen n.°85.700, de fecha 28 de septiembre de 2016, emitido por la Contraloría General de la República. Tampoco la no renovación puede tener un fundamento en el desempeño funcionario, ya que el actor contaba con excelentes calificaciones durante todo el período, y el testigo, Pablo Lemus, incluso le ofreció trabajo en otra área de la Municipalidad.
Según el fallo, desde el municipio de Castro existió una confusión evidente para intentar explicar las razones del despido, «lo que hace presumir con toda lógica que el real motivo de la desvinculación del actor, se debe a que este trabajaba con el anterior alcalde, que participó en su campaña de reelección y que eso no era del agrado de la nueva administración, lo que significa que don Miguel Sánchez ha sido discriminado por razones de orden político, lo que constituye una vulneración de derechos fundamentales«.
Así, el municipio deberá pagar al trabajador a título de indemnización de perjuicios la suma de $13.690.750.- más reajustes y a título de indemnización de perjuicio por lucro cesante la suma de $12.321.675.-, que corresponde a las remuneraciones que dejó de percibir durante el presente año.
El municipio apeló al tribunal de alzada.
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