Véase también:
Ancud: formalizan a subcomisario PDI por 2 abusos sexuales a colegas. Quedó con arresto en su casa.
Ancud: en secreto operativo, detienen a PDI imputado por 2 abusos sexuales a colegas.
Ancud: PDI suspende a detective tras denuncia por ataques sexuales a colegas.
Impacto en Ancud: 2 funcionarias PDI acusan agresión sexual. Colegas no las habrían ayudado.
ANCUD (La Opinión de Chiloé) — A poco más de 15 meses de ocurridos los hechos, durante esta semana se celebró ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro el juicio en contra de un otrora detective de la Policía de Investigaciones de Ancud, quien fue acusado por el Ministerio Público como presunto autor de dos abusos sexuales hacia dos colegas, y que quedaron al descubierto en enero de 2022.
De acuerdo a información judicial que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, una vez concluido el debate en causa RIT 9-2023 RUC 2200079165-6, y tras ponderar las pruebas rendidas con arreglo a las normas vigentes, previa deliberación privada, los juzgadores concluyeron que el ahora exfuncionario identificado como Alejandro Alarcón Sepúlveda es autor de un delito consumado de abuso sexual propio o directo de mayor de 14 años, ilícito descrito y sancionado en el artículo 366 del Código Penal.
En enero de 2022, la víctima, que se desempeñaba en la misma institución, decidió denunciar a sus superiores lo que habría ocurrido, para luego recurrir a la Fiscalía ante la presunta pasividad que aparentemente observó al interior del Cuartel Policial.
En particular, los hechos que activaron la indagatoria se remontarían al 20 de enero de 2022, cuando el imputado que pertenecía a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI ancuditana habría protagonizado actos constitutivos de algún tipo de abuso sexual hacia la detective, todo en medio de una actividad de «camaradería».
Además, y con posterioridad, se añadió una segunda denuncia de otra colega, quien refirió que presuntamente fue víctima de una situación de similar connotación ocurrida el 30 de diciembre de 2021.
Diversas diligencias se realizaron luego que La Opinión de Chiloé difundiera lo ocurrido tras mantenerse todo en carácter de reservado (ver nota relacionada), permitiéndose recopilar medios probatorios suficientes para que la Fiscalía levantara una acusación que, en principio, consideraba dos abusos sexuales, aunque se dio por acreditado sólo uno.
En opinión de los sentenciadores, durante las jornadas de juicio se pudo dar por establecido que el acusado habría perpetrado el ilícito de la primera denuncia en el marco de una convivencia social realizada en una residencia arrendada por el Comisario Luis Flores, jefe de la unidad policial, en pleno centro de la ciudad, actividad que habría sido planificada para despedir a una detective quien sería trasladada.
La dinámica de lo que presuntamente pasó indicaba la existencia de tocaciones de índole sexual y trato libidinoso, y que habría existido un forcejeo con la víctima luego que el sujeto intentara quitarle la ropa.
Ella se defendió y terminó escapando semidesnuda a la vista de varios de los asistentes, todos funcionarios de la PDI de Ancud, quienes no habrían hecho nada para auxiliarla, ni mucho menos habrían realizado la denuncia correspondiente atendida la obligación legal que pesaba sobre ellos al ser funcionarios públicos.
En efecto, consta en autos que no existió diligencia alguna realizada horas después de este incidente, vale decir, no se registró alguna detención por flagrancia, a pesar que los superiores del subcomisario habrían recibido la denuncia.
El sujeto sería detenido el 26 de enero de 2022 por funcionarios del Departamento OS-9 de la Prefectura Llanquihue, la principal rama de investigación criminal de Carabineros en la región, mientras que la formalización se concretó un día después.
A poco más de un año, se materializaría una acusación por parte de la Fiscalía para llevar a juicio al encartado, el que se realizó recientemente.
Así las cosas, los magistrados concluyeron que en este ilícito le correspondió al acusado una participación culpable y penada por ley en calidad de autor, por haber tomado parte en el mismo de una manera inmediata y directa, en los términos del artículo 15 n.°1 del Código Penal.
Acotaron que la prueba aportada al juicio por el persecutor penal, en una valoración conjunta, resultó idónea para desvirtuar la presunción de inocencia que asistía al encartado, conclusión que no se vio alterada por la prueba que incorporó la defensa.
En cuanto a la segunda detective que denunció, el Tribunal absolvió al acusado, asegurando que no se entregaron antecedentes suficientes para dar por acreditados los hechos relatados en la acusación fiscal.
Así las cosas, y respecto del ilícito que se comprobó, el Ministerio Público de Ancud está pidiendo la aplicación de una pena corporal consistente en cuatro años de presidio menor en su grado medio.
Por otro lado, se añadirían las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
Asimismo, se está solicitando que el tribunal aplique a este delincuente las accesorias especiales de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, añadiéndose que una vez que el fallo quede ejecutoriado, se espera que el tribunal disponga que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
Desde la defensa se espera que los jueces apliquen el beneficio de pena sustitutiva al condenado, esto es, que cualquier imposición de pena corporal sea conmutada por libertad vigilada intensiva.
¿Qué es la libertad vigilada intensiva? Según Gendarmería de Chile, “es una forma de cumplir condena sin estar recluido. Se caracteriza por un régimen de mayor control, en el que el penado estará sujeto al cumplimiento de un programa de actividades bajo la aplicación de condiciones especiales y la orientación permanente y rigurosa de un delegado de Gendarmería de Chile. Pueden acceder personas que han sido condenadas a penas de cárcel entre 3 y 5 años”.
La lectura de la sentencia de primera instancia está programada para el próximo 24 de abril de 2023, ante el mismo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro.
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