BUENOS AIRES (La Opinión de Chiloé/Agencias) — A esta hora se realiza al interior del Senado de Argentina un intenso debate respecto a una nueva ley para anular los «beneficios económicos» de la corrupción y eventuales allanamientos a propiedades de la ex Presidenta de ese país Cristina Fernández de Kirchner, quien además, actualmente ocupa un escaño en el Congreso. En ese contexto, durante la noche de ayer una multitud de manifestantes se movilizó a las afueras de la Cámara alta pidiendo que se aprueben los allanamientos a las propiedades de la ex mandataria, todo en el marco de la causa de los cuadernos; además, solicitaban que se avance con su desafuero.
Según diversas agencias, dentro de los pedidos también están la aprobación de la ley de Extinción de Dominio, que permitiría que aquellos sujetos sancionados por corrupción ya no puedan recuperar bienes derivados de aquella. Argentina no cuenta con una ley de este tipo, a pesar de ser signataria de múltiples tratados y convenciones internacionales: la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (ley 24072), la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley 24759), la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y protocolos complementarios (ley 25632), la Convención Interamericana contra el Terrorismo (ley 26023) y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (ley 26024).
En términos simples, la extinción de dominio significa que todos aquellos bienes provenientes de actividades ilícitas pasan a ser parte del Estado, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna, algo que por ejemplo en Chile es común. Sin embargo, en Argentina ello no ocurre; por ejemplo, si un traficante es condenado, ello no significa que sus bienes sean decomisados necesariamente, por lo que puede recuperarlos sin problemas.
Durante la manifestación de anoche, los asistentes con pancartas y banderas argentinas argüían consignas como “devuelvan lo robado”, “extinción de dominio ya”, “impunidad nunca más” y “cárcel a la reina de la mafia”, además de gritos como «el que no salta es un ladrón». Entre los manifestantes habían dirigentes del oficialismo, como la diputada nacional Graciela Ocaña, su colega Paula Oliveto, la legisladora bonaerense Carolina Píparo y la diputada del Parlasur Mariana Zuvic. La convocatoria para pedir por el desafuero de Cristina se replicó en ciudades como Córdoba, Neuquén, Rosario, San Luis y San Rafael, entre otras.
Antes de la marcha, Cristina Fernández de Kirchner emitió un comunicado donde aseguró que “a esta altura de las circunstancias, no tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por (el juez federal Claudio) Bonadiono” en que allanen tres de sus propiedades (el departamento de Recoleta y dos inmuebles en El Calafate y Río Gallegos); sin embargo, la hoy senadora hizo una lista de pedidos para que se respeten durante los allanamientos, entre ellos que no ingresen cámaras y se resguarden sus bienes personales. A ello, lanzó una incendiaria ironía: «si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar; pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal».
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