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Castro: la nebulosa tras $4.000 millones en licencias médicas pagadas en Municipio y Corporación en período auditado por Contraloría..
CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Durante este jueves, y por instrucción del Ministerio Público de Castro, funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile concurrieron a dependencias de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Castro, con el objetivo de realizar un allanamiento en el marco de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas al proceso de recuperación de dineros por licencias médicas gestionada por una empresa externa que habría sido contratada por la Administración del ex alcalde Juan Vera (UDI).
Tal y como consignó La Opinión de Chiloé, durante la gestión anterior existieron diversos esfuerzos documentados que buscaban externalizar el proceso de recuperación de dineros pagados «por adelantado» a los funcionarios que accedían a licencia médica (ver nota relacionada), generándose acá una serie de potenciales anomalías que podrían configurar varios ilícitos. Precisando, los funcionarios de la Corporación o del Municipio tienen derecho a continuar recibiendo el total de sus remuneraciones con normalidad mientras dure el período de reposo, siendo tarea de estos organismos, con posterioridad, el elevar una solicitud de reembolso a las Mutualidades, Instituciones de Salud Previsional (Fonasa o Isapre) y Cajas de Compensación de Asignación Familiar, algo que está sujeto a plazos de prescripción, dependiendo si se habla de Fonasa o las Isapres. Este trabajo de pedir los reembolsos es el que se buscó externalizar, en su totalidad.
El tema causó enorme controversia ya que la recuperación de dineros pagados por licencias médicas ven siendo desarrollada de forma regular y eficiente por personal interno de la propia Corporación, sin que aparentemente existiera hasta entonces una razón técnica, financiera ni administrativa que justificara su delegación a un tercero.
Luego, se cree que esta externalización no solo habría implicado despojar a la institución de un control directo sobre una función crítica que involucra centenares de millones de pesos al año, sino que además, habría significado una pérdida económica aparentemente innecesaria, porque la empresa contratada aplicaría de manera directa una tarifa variable en virtud de lo recuperado. Dicha externalización no sólo se abocó a la recuperación de montos históricos no gestionados previamente (e.g. con plazos de prescripción vencidos por ejemplo), sino que además, se decidió aplicarlo también al flujo ordinario de licencias médicas que se procesan diariamente.
Vale decir, a pesar que se tendría personal contratado para realizar estas labores, presuntamente se optó por buscar a una empresa para que haga este trabajo, a un costo potencial que rondaría los 400 millones de pesos al año para la Corporación Municipal. Esto es lo que habría observado la Contraloría General de la República, sin perjuicio de desconocerse aún las conclusiones de su fiscalización.
Se cree que durante la alcaldía de Vera (UDI), aparentemente existió una insistencia indebida para privilegiar la contratación de un prestador externo, quien se quedaría con un porcentaje significativo de los montos recuperados por una labor que podía —y debía— seguir siendo ejecutada por funcionarios públicos, lo que habría constituido una decisión abiertamente perjudicial para las finanzas institucionales, significando un detrimento económico evidente.
Luego, tal y como consignó La Opinión de Chiloé, mediante Resolución n.°1109 de fecha 22 de agosto de 2023 de la Corporación Municipal, se adjudicó a la Consultora Asesorapyme SpA la externalización de la recuperación de dineros por licencias médicas, cheques caducos y prescritos históricos para el período comprendido desde la firma del contrato hasta cinco años hacia atrás y todas aquellas que se generen en el transcurso del mismo (730 días corridos) y pagos de cotizaciones en exceso o doblajes generados en la AFP en forma histórica de los trabajadores que estén afiliados a Cajas de Compensación, Mutuales de Seguridad, Fonasa, Isapres y AFP`s. Algo similar se habría buscado realizar con la I. Municipalidad de Castro.
Vale decir, y como ya se ha explicado precedentemente, la empresa se encargaría de asumir las labores que ya venía realizando personal contratado (eficientemente o no), quedándose con aproximadamente un 15% del monto total, que en la práctica, y a modo ilustrativo, sería equivalente a alrededor de 33 personas contratadas por la Corporación con un sueldo de 1 millón de pesos mensuales.
En efecto, en una de las estimaciones realizadas por la empresa, se determinó que podría recuperar $220.567.083.- al mes para la Corporación Municipal, quedándose con aproximadamente $33.085.062.- mensuales en una especie de comisión, que anualizada, se acercaría a unos 400 millones de pesos al año.
Pues bien, el contrato se firmó con fecha 28 de agosto de 2023, pero mediante oficio número 1126-A de fecha 16 de septiembre 2024, la Inspección del Contrato comunicó una serie de antecedentes sobre incumplimientos por parte de la empresa, por lo que se decidió poner término anticipado al contrato. Ergo, mediante resolución número 1204 de fecha 26 de septiembre de 2024, se dispone el término anticipado del contrato y el cobro de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Sin embargo, y en el marco de averiguaciones realizadas por la Corporación para identificar cuánto fue lo que habría recuperado de las licencias médicas, se descubrió que la empresa habría emitido una serie de facturas contra al ente municipal por $614.994.690.- alegando supuestos servicios prestados, documentos que con posterioridad habría traspasado a una empresa de Factoring previo pago de un monto desconocido, haciendo que sea esta la que cobre por vía judicial a la Corporación.
¿De donde salieron esos más de $600 millones de pesos que supuestamente debe la Corporación? Pues como ya se explicó previamente, se trataría del 15% de comisión por el monto de licencias médicas recuperadas, alegando tácitamente la empresa que habría recuperado un monto total de $4.099.964.600.-; sin embargo, ese dinero nunca habría ingresado a las cuentas municipales.
Así las cosas, acá habrían dos posibles explicaciones. La primera es que la empresa emitió facturas ideológicamente falsas sin el respaldo de haber recuperado montos por licencias médicas, creando artificialmente una deuda que la Corporación debiera pagar, defraudándola directamente con alrededor de $614.994.690.- sin incluir reajustes ni intereses.
La segunda explicación indicaría que efectivamente la empresa efectuó la recuperación de los montos por licencias médicas, pero nunca las ingresó a las arcas de la Corporación Municipal de Castro, generando un posible fraude por $4.099.964.600.-, más reajustes e intereses. Estos dineros, por ahora, no se sabe dónde están (de haberse recuperado).
Así las cosas, y en el contexto de la indagatoria que realiza el Ministerio Público por este tema, durante este jueves detectives de la PDI decidieron allanar e incautar equipos computacionales y diversa documentación desde las instalaciones de la Corporación Municipal, todo con el objetivo de revisar y determinar cuál de las dos explicaciones es más plausible.
Con ello, se podría configurar el delito de estafa, descrito y sancionado en el artículo 467 y siguientes del Código Penal, aunque ello no necesariamente significa que no pudieran existir otros delitos, incluyendo falsificación de instrumento mercantil privado, falsificación de instrumento público o incluso, fraude al fisco.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé confirmaron que las facturas por más de 600 millones de pesos se emitieron entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, mientras que de manera sorpresiva, en el giro de la empresa contratada por la Administración del ex alcalde Vera se indica «Venta al por menor de artículos ópticos», vale decir, un giro no asociado a gestión financiera de recuperación.
El alcalde de Castro, Baltazar Elgueta Cheuquepil, se refirió a las diligencias efectuadas por la PDI este jueves, asegurando que están colaborando de manera activa y permanente con los organismos competentes desde hace más de ocho meses, aportando documentación ad hoc y realizando revisiones internas orientadas a esclarecer los hechos investigados y garantizar la transparencia de la gestión comunal.
“Nuestro compromiso es claro: actuar con transparencia, cuidar los recursos públicos y asumir con responsabilidad las acciones que correspondan”, dijo, llamando a la tranquilidad de la comunidad. Además, agregó que “estas diligencias no afectan el normal funcionamiento del área de salud comunal ni las atenciones que diariamente reciben los vecinos y vecinas de Castro”.
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