CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Un conjunto de diligencias investigativas están realizando funcionarios policiales para determinar eventuales responsabilidades penales por un posible cohecho cometido por funcionario público al interior de la Ilustre Municipalidad de Castro, luego que una denuncia realizada por una usuaria alertara que un sujeto le habría solicitado dinero en efectivo para realizar trámites diversos, algo que está expresamente vedado por la ley.
De acuerdo a información municipal que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, y que se habría ventilado en un sumario administrativo en contra del funcionario presuntamente implicado, y que formaba parte de la dotación de planta del Departamento de Rentas y Patentes Comerciales del consistorio, los hechos se remitirían a una denuncia realizada por una emprendedora quien habría intentado gestionar la entrega de una patente de alcoholes sin resultados positivos, y bajo ese contexto, el aludido le habría solicitado una retribución económica para «apurar» el proceso.
Según lo que habría relatado la usuaria, identificada como Á.F.S.I., los hechos habrían ocurrido en horas indeterminadas de los días 04, 05 y 07 de agosto de 2025 al interior de dependencias municipales del Departamento en comento, lugar donde habría mantenido tratativas con uno de sus funcionarios que, aparentemente, estaría encargado de la tramitación de las patentes de alcoholes.
Bajo esas circunstancias, el imputado identificado como L.F.C.Á., presuntamente le solicitó a la denunciante el monto de $300.000.- (trescientos mil pesos) en efectivo, a cambio de gestionar mediante un supuesto amigo del Servicio de Impuestos Internos, la habilitación de la patente, pidiéndole mantener la confidencialidad de todo.
Según la aludida, nunca concretó la entrega del dinero, a pesar de la insistencia del funcionario. Además, y al percatarse de esta irregularidad, la mujer decidió grabar en secreto algunas de las conversaciones que mantuvo con el sujeto, tanto en el interior de la oficina de Patentes como en el sector de las escaleras del edificio consistorial.
Tras la denuncia realizada en el consistorio, el alcalde emitió el Decreto Alcaldicio n.° 1426, de fecha 11 de agosto de 2025, disponiendo la instrucción de un sumario administrativo en contra del funcionario L.F.C.Á., técnico acuícola que era parte del estamento de técnicos en el Departamento de Rentas y Patentes.
Así las cosas, se nombró a una fiscal instructora a cargo de las indagatorias a nivel administrativo, las que incluyeron toma de declaraciones, revisión de diversos antecedentes conexos a la denuncia y varias pruebas, entre ellas los registros en vídeo que la aludida habría proporcionado a la Unidad Jurídica Municipal, procediéndose a evacuar un informe final proponiendo la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, con fecha 11 de septiembre de 2025.
Luego, el alcalde Baltazar Elgueta Cheuquepil firmó el Decreto n.°1801, de fecha 14 de octubre de 2025, donde procedió a notificar la medida disciplinaria de Destitución en contra del imputado, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 58, 119 y siguientes de la Ley n.°18883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
A este respecto, se indica que «conforme a lo establecido en el informe final de la fiscal instructora, ha quedado acreditado que el funcionario (….) solicitó a una contribuyente el pago indebido de una suma de dinero en efectivo como condición para la regularización de una patente de alcoholes, conducta constitutiva de una infracción grave al principio de probidad administrativa, configurando la causal de destitución prevista en el artículo 119 de la Ley N° 18.883».
Se añadió que «además, los hechos constatados podrían revestir carácter de delito de cohecho conforme a lo dispuesto en los artículos 248 y siguientes del Código Penal, lo que acrecienta la gravedad de la infracción funcionaria y compromete severamente la fe pública y el correcto funcionamiento de la Administración Municipal».
Adicionalmente, se dispuso que el Departamento de Rentas y Patentes funcione físicamente en dependencias de la Dirección de Gestión Económica y Fiscalización, de la cual depende jerárquicamente, «a fin de fortalecer la supervisión y el control interno, evitando la reiteración de hechos irregulares como los investigados».
En consecuencia, y mediante Decreto alcaldicio n.°609, de fecha 15 de octubre de 2025, el alcalde procedió a declarar el cese de funciones del endilgado, a contar del 14 de octubre de 2025, por hacerse efectiva la medida disciplinaria de destitución, aplicada a L.F.C.Á. en el cargo Escalafón Técnico Grado 14″ E.M.R. de la Planta Municipal, mediante Decreto n.’1801, de fecha ’14 de octubre de 2025, declarándose depaso su cargo como vacante.
Sin perjuicio de lo anterior, a través de oficio n.° 831 de fecha 13 de agosto de 2025, la Ilustre Municipalidad de Castro denunció estos hechos ante el Ministerio Público de la capital provincial; ante lo cual, el fiscal de turno decidió abrir una causa penal y emitir una orden amplia de investigar a funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones de Castro.
Con fecha 23 de diciembre de 2025, la Bicrim emitió el informe policial n.°4496 donde se habría concluido que los hechos antes descritos podrían tener los suficientes elementos de tipo indiciario para afirmar que se configuraría el delito de cohecho de funcionario público, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso segundo del Código Penal.
Luego, hace algunos días se solicitó autorización judicial para que personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI de Puerto Montt perite los registros en vídeo que habría aportado la denunciante al municipio, y donde, como ya ser dijo, se vería al imputado y a la muer conversando sobre el posible pago, tanto en las escaleras del municipio como en el Departamento de Rentas y Patentes.
Cabe mencionar que en cuanto al concepto de cohecho, siguiendo a Casas Barquero, éste consiste en «la conducta, activa o pasiva, realizada por un funcionario público que, en virtud de una remuneración económica, tiende a incumplir sus deberes para con el Estado, así como la conducta, activa o pasiva, del particular que, mediante una retribución de carácter económico, trata de conseguir que un funcionario público quebrante el cumplimiento de los deberes que al mismo son impuestos por razón del ejercicio de su cargo».
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