QUELLÓN (La Opinión de Chiloé) — Ingresado en el Centro de Detención Preventiva de Castro quedó un sujeto de nacionalidad venezolana que durante este lunes fue formalizado como presunto autor de un violento asalto en la ciudad de Quellón, y que terminó con su captura por parte de vecinos.
De acuerdo a información judicial recopilada por La Opinión de Chiloé, los hechos habrían ocurrido en horas de la tarde-noche del 18 de septiembre cuando un sujeto, premunido de un arma cortopunzante, ingresó a un local comercial de calle Juan Ladrillero y amenazó a una mujer exigiéndole que le entregara su cartera.
Fue en ese lugar que la víctima habría intentado defenderse, enfrascándose en un forcejeo con el delincuente para evitar que le quitara sus pertenencias, tras lo cual, el aludido salió huyendo del lugar hacia calle Independencia.
Fuentes policiales indicaron que la afectada, identificada con las iniciales G.M.F.S., salió del local en franca persecusión de su asaltante, pidiendo a gritos ayuda a vecinos del sector donde, además, ella residía.
Así las cosas, varios de ellos salieron desde sus domicilios lográndo interceptar, reducir y retener al imputado, llamando a personal policial al sector.
La información fue confirmada por el mayor Iván Ulloa, de la 6ª Comisaría de Carabineros de Quellón, detallando que una unidad de su dependencia «que estaba de servicio recibió la información de la Central de Comunicaciones (CENCO), acudiendo al lugar y encontrando a varias personas que mantenían retenido al presunto imputado, a quien sindicaron como [presunto] responsable de un robo».
Adicionalmente, junto con tomar declaración a la mujer quien reconoció a su presunto asaltante, se procedió a incautar el cuchillo que habría sido utilizado para amenazarla.
Respecto a la víctima, fue remitida a un recinto asistencial para recibir atención médica luego que se constatara que había sufrido algunas lesiones en una de sus manos producto del forcejeo con el delincuente, quien también fue derivado al nosocomio local para constar lesiones, ello tras ser agredido por algunos de sus captores.
El imputado, identificado como José Gregorio Velásquez Ramírez, era un ciudadano de origen venezolano que habría ingresado al país por un paso no habilitado, por lo que se informó a la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objetivo de discutir las medidas que se tomarán en virtud de su situación migratoria.
El Ministerio Público de Quellón solicitó que el sujeto fuera formalizado por su eventual participación en un delito de robo con violencia, descrito y sancionado en el artículo 436 en relación al artículo 432, ambos del Código Penal, así como también por el delito de porte de arma cortante o punzante, descrito y sancionado en el artículo 288 BIS A del mismo cuerpo punitivo.
Para la persecutora penal le cabría al imputado una eventual participación en calidad de autor en los términos del artículo 14 n.º 1 y 15 n.°1 del Código Penal, solicitando al juez de turno que le impusiera como medida cautelar la prisión preventiva.
Argumentó al respecto que la libertad del detenido implicaría un posible peligro para la seguridad de la sociedad atendida la gravedad del delito, indicando también que podría haber un peligro de fuga atendido que se encuentra de manera irregular en el país, y que ello implicaría un eventual desprecio por la normativa chilena.
La Defensoría Penal Pública, de la mano del abogado Darwin Loreto, incidentó la necesidad de esta cautela, indicando que acá aplicaría una medida de menor intensidad como por ejemplo, la de arresto domiciliario sea éste parcial o total, asegurando que su defendido no se escaparía de la ciudad. No rebatió eso sí el riesgo que supondría su estancia irregular.
Así las cosas, el magistrado Pablo Farfán Kemp desechó la argumentación de Loreto y determinó la prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 45 días.
Eso sí, se fijó un plazo secundario de 30 días para la realización de una nueva audiencia donde se discutiría un posible procedimiento abrevidado, y que implicaría que el imputado reconozca los hechos que se pudieran recopilar en la carpeta investigativa y que sea dejado en libertad, aunque con medida de expulsión inmediata del país.
Se citó para ello a un representante del gobierno, más específicamente de la Secretaría Regional Ministerial (o su símil) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objetivo de discutir esta opción, aunque de acuerdo a la normativa vigente, ello no sería necesario.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé confirmaron que se remitió un oficio a la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, lugar donde habría preocupación sobre el respeto a los Derechos Humanos del detenido en cuanto a su situación de inmigrante irregular.
Hay que recordar que el artículo 34 de la ley 18.216 establece una regla especial para aquellos delincuentes extranjeros irregulares que fueren condenados a una pena igual o inferior a 5 años, y que implica cambiar la cárcel por su expulsión del país.
La ley indica que el juez, ya sea de oficio (sin preguntarle a nadie) o a petición de alguna de las partes, puede sustituir el cumplimiento de las penas privativas de libertad en dichos casos, salvo excepciones respecto a delitos como el tráfico de drogas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, entre otros.
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