Véase también:
Ancud: Municipalidad desesperada por «encontrar» $724,2 millones desaparecidos.
¿Nido de flojos? Contraloría exige a Corporación Municipal devolver $419 millones en 60 días.
ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Una millonaria batalla legal inició durante las últimas horas la Ilustre Municipalidad de Ancud en contra del Servicio de Salud Chiloé, ello tras decidir solicitar la prescripción extintiva para devolver una serie de recursos que el Ministerio de Salud traspasó hace cinco años o más al consistorio y que nunca fueron rendidos, desconociéndose hasta ahora dónde quedaron esas platas y las razones por las que la dirección del organismo estatal no inició acciones para la restitución.
De acuerdo a información recopilada por La Opinión de Chiloé, el fondo del asunto se remite a alrededor de 700 millones de pesos que llegaron a la municipalidad entre los años 2013 al 2016, y que estaban destinados a la ejecución de varios convenios y programas de salud municipal. Tales fondos ingresaron, en consecuencia, a las cuentas corrientes de la Corporación ancuditana, aunque no existe registro de que se hayan utilizado para los fines referidos.
Los años pasaron y según la administración actual, la oportunidad de solicitar las rendiciones y/o devoluciones ya se habría extinguido al menos para $227.402.205.-, por lo que tal responsabilidad no debiera ser asumida por ellos. Además, se asegura que cuando la anterior alcaldesa dejó el cargo, los dineros no se encontraban en las arcas municipales, y que la oportunidad «jurídica» para que se restituya ya se extinguió.
El Alcalde de la comuna de Ancud, Carlos Gómez Miranda, confirmó el ingreso de esta demanda aclarando que la responsabilidad de presentar los respaldos de esos gastos corresponde a la administración anterior, «cuando nosotros llegamos y asumimos el 6 de diciembre de 2016 inmediatamente, a principios del 2017 dimos cuenta de esta situación e iniciamos una serie de gestiones para evitar la devolución de estos recursos, incluso acudimos a la contraloría», dijo.
Detalló que al verificar el enorme monto de dineros no rendidos, recurrieron a la Contraloría General de la República que disminuyó tal monto en alrededor de 50 millones millones de pesos.
Sin embargo, explicó que el equipo jurídico continuó estudiando este caso, considerando injusto restituir estos recursos, «cuando el Servicio [de Salud Chiloé] debería haberlo solicitado en su oportunidad», dijo. Expresó que estos recursos llegaron del Servicio de Salud, ingresaron al arcas municipales, se incluyeron en el presupuesto municipal, y posteriormente fueron transferidos desde el municipio a la Corporación, «[pero] no se encontraban cuando nosotros asumimos», expresó el Gómez.
Así las cosas, se llegó a la conclusión que era posible solicitar, a través de una acción legal, la prescripción de derechos y acciones, y es por eso que se presentó este recurso para requerir que se disminuya de la totalidad de los dineros los correspondientes a una serie de programas que no se realizaron, durante los años 2013 y 2014, y que involucran un total de $227.402.205.
Los programas aludidos son: el Pago a Cuidadores de Postrados, Sistema de Urgencia Rural, Resolutividad, Ges Odontológico, Odontológico integral, Fondos de Farmacia, Adolescente, Control Joven Sano, Salud Mental, Apoyo Radiológico, Imágenes diagnósticas, Rehabilitación Integral, Vida Sana y Obesidad, Estímulos Cesfam, Retiro Voluntario, Vacunación Antinfluenza y Apoyo a la Gestión Local.
«Más allá de los recursos que deben salir de las arcas municipales para cubrir la mala administración anterior, para este alcalde lo de mayor gravedad reviste y que la gente debe saber, es que todos estos programas no fueron ejecutados, o sea, hay muchos pacientes, muchos usuarios del sistema de Salud Primaria de la Corporación que esperaban por estos servicios, y estos servicios no fueron entregados por la gestión anterior, por irresponsabilidad y por incapacidad en el manejo de la administración que la comunidad le había encomendado. Y es por eso, que nosotros esta demanda que le pedimos al tribunal que pueda acogerla», aseguró.
Así mismo el alcalde consideró de importancia señalar que se está buscando resolver sólo aquello circunscrito a los años 2013, 2014, quedando pendientes los años 2015 y 2016, «ya que prácticamente los cuatro años de la gestión anterior, hubo un porcentaje importante de recursos que no se gastaron en los programas, haciendo caso omiso a los convenios que había firmado la Corporación, su Presidenta o su Secretario General con el Servicio de Salud y que no se encontraron los recursos al momento que nosotros asumimos como municipalidad».
Eso sí, para los años 2015 y 2016 la situación es bastante incierta dado que habrían funcionarios de planta que todavía trabajan tanto en el consistorio como en la corporación que tendrían responsabilidad en lo que pasó, y que hasta el día de hoy nunca han sido indagados vía procedimiento sumarial por sus eventuales responsabilidades. Tal inacción del municipio, bloquearía potenciales acciones en el corto plazo.
Hay que recordar que tal y como consignó La Opinión de Chiloé, la Contraloría General de la República realizó una revisión tipo «auditoria» express de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 para verificar las acciones llevadas adelante para cautelar y fiscalizar la correcta percepción y ejecución de los recursos involucrados, su consecuente registro, y la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Salud, de acuerdo con la normativa vigente, de los fondos transferidos a la Municipalidad de Ancud y de ésta a la respectiva Corporación Municipal, en el marco de la Atención Primaria de Salud, para la ejecución de varios programas.
Ahí, se concluyó que no se rindió como corresponde una importante cantidad de recursos, vale decir, los dineros llegaron y se «diluyeron» hacia otros fines que incluso hoy, dados los centenares de millones de pesos involucrados, aún no se sabe con precisión o pormenorizadamente dónde se desembolsaron.
A este respecto, el desorden descubierto fue evidente, hasta el extremo de constatar incluso la existencia de cuentas corrientes que no tenían conciliación desde el año 2008 aproximadamente, fecha en que asumió el exalcalde Federico Krüger Finsterbusch (UDI), siguiéndose con la misma irregularidad cuando llegó la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez (DC). Se gastaba la plata pero no se verificaba con registros complementarios y/o contables.
Incluso, se constató la inexistencia de manuales de procedimiento para las principales rutinas administrativas de la Corporación Municipal, con una débil gestión respecto de los procesos administrativos contables y de rendiciones de cuentas de tal forma de reducir el riesgo de errores, existiendo personal con dudosa formación académica que incluso hoy, se mantiene en los mismos puestos.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indicaron que dada la envergadura de recursos que se manejan y el rudimentario sistema de procedimientos contables que se utilizarían, entonces es probable que la Jefatura de Administración y Finanzas haya estado liderada por un profesional no universitario o por alguien con escasa o nula formación educacional de nivel superior.
Adicionalmente, la misma Contraloría indicó que la municipalidad, de manera reiterada, rindió fuera de plazo al Servicio de Salud Chiloé parte de los dineros (vale decir, sólo parcialmente) incumpliendo lo estipulado en el artículo 26 «Transferencias a otros Servicios Públicos» de la resolución n.° 30 de 2015 de la Contraloría General la República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas. El alcalde habría remitido un oficio a la Directora de Administración y Finanzas, Claudia Lorena Cárdenas Videla, para que cumpla con la norma vigente.
Por si aquello no fuera poco, ya en marzo de 2017, la Directora de Control de la municipalidad, Leyla Mariana Aguayo Valenzuela, ya sabía que existían millonarios montos a devolver respecto de 2013 y 2014, mientas que según el ente fiscalizador, durante al menos dos años no realizó auditorías referidas al cumplimiento de los convenios de varios de los programas de salud mencionados, lo que no se aviene a lo establecido en el artículo 135 de la ley n.°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en concordancia con el inciso 2° artículo 136, del mismo texto legal.
Vale decir, Aguayo Valenzuela no habría realizado acciones tendientes a auditar o ver dónde estaban los dineros, por lo que en 2015 no se sabe dónde fueron a parar $184.862.948.- (ciento ochenta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos), mientras que en 2016 ocurrió algo similar desconociéndose dónde están otros $311.952.567.- (trescientos once millones novecientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y siete pesos).
Luego, La Opinión de Chiloé confirmó que el municipio debería devolver $700.904.- no rendidos de 2013, $226.701.301.- no rendidos en 2014, $184.862.948.- no rendidos en 2015 y $311.952.567.- no rendidos en 2016. Esas platas no están disponibles en las cuentas corrientes municipales (ni en la Corporación).
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