Ancud: detectan 167 cirugías “exprés” a familiares de funcionarios del Hospital

octubre 19, 2024 La Opinión de Chiloé Ancud, Salud, Sociedad 0
Fotografía: Hospital San Carlos de Ancud.
Véase también:
Salud en Chiloé: al menos 28% de todos los muertos en 2023 estaban en listas de espera.
Salud Chiloé: por 1ª vez en la historia, lista de espera de cirugía supera las 5.100 personas.

ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Un escándalo de proporciones ha sacudido durante las últimas horas a las comunas de Ancud y Quemchi luego que se revelara una auditoría de la Contraloría General de la República donde se detectaron «atenciones exprés» quirúrgicas a familiares de funcionarios del Hospital San Carlos de Ancud junto con un número similar de suspensiones de cirugías a personas de escasos recursos por «falta de personal», entre otras razones.

De acuerdo al informe n.°396/2024 de fecha 15 de octubre de 2024 que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, el ente fiscalizador realizó una auditoría a las prestaciones quirúrgicas entregadas por el nosocomio a pacientes incorporados en la Lista de Espera No GES, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, teniendo como finalidad constatar que el centro asistencial estableció y ejecutó procedimientos de monitoreo y control, así como también, verificar que la entrega de las prestaciones se haya efectuado de forma oportuna respetando las priorizaciones establecidas; verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, y además de revisar que las acciones realizadas fueron adecuadamente documentadas y registradas.

En tal marco, se descubrió una serie de irregularidades en la atención de pacientes y realización de cirugías, en particular, que hubo atenciones realizadas a familiares de funcionarios con menor tiempo de espera que el promedio de la población general, vale decir, se observó un largo listado de hijos, hermanos, tíos, sobrinos, entre otros, saltándose las listas de espera y accediendo en algunos casos a pabellón en tiempo récord.

Las cifras son decidoras: analizadas las 1.061 intervenciones quirúrgicas realizadas en el Hospital de Ancud, se observó que un 15,7% (167 cirugías) eran para funcionarios y sus familiares, mientras que los días máximos de espera eran menores para estos últimos en comparación con el usuario general.

Es más, un análisis pormenorizado de los datos indica que incluso, en algunas especialidades, prácticamente todos los cupos fueron ocupados por funcionarios o parientes de ellos, dejando de lado a personas que llevaban años esperando como el caso de cirugías en la zona de la cabeza y cuello, o dermatología, entre otras.

Sólo a modo ilustrativo, La Opinión de Chiloé constató que al primo de un hijo de funcionario, en poco más de dos meses, accedió gratis a una osteotomía total sobre la mandíbula (sagital, de Ramas tipo odwegeser o similares) o sobre los maxilares (tipo Le Fort I), una cirugía compleja y de altísimo costo, saltándose a otros tres pacientes más graves que en promedio, llevaban esperando 316 días.

Otro ejemplo muestra al hijo de un funcionario que accedió, en tiempo récord y gratis, a una orquidopexia tras tan sólo esperar menos de dos semanas, saltándose a otros 22 niños que en promedio llevaban esperando 216 días.

También hay un caso de otro hijo de funcionario que tuvo una cirugía de hernia inguinal que también esperó alrededor de dos semanas para acceder rápidamente a la intervención de manera gratuita, saltándose a otros 89 pacientes que llevaban en promedio esperando un total de 131 días.

Un último ejemplo se trata del tío de un funcionario que accedió en poco más de dos meses a una cirugía para corregirle una contractura dupuytren, saltándose a otros seis pacientes que en promedio estaban esperando disponibilidad de hora por 743 días, con varios de ellos en estado severo (dolor constante y movilidad reducida). Y los casos se repiten una y otra vez.

Lo más grave de todo es que sobre la materia, el Hospital de Ancud señala que los casos observados fueron evaluados por los especialistas, y que se emitieron certificados con la explicación de cada caso, sin embargo, este antecedente fue confeccionado con posterioridad a la situación observada, por cuanto al momento de la fiscalización no se tuvo a la vista el criterio de prioridad clínica asignado por parte del especialista a cada paciente, en las respectivas fichas clínicas.

Vale decir, cuando la Contraloría descubrió esta irregularidad, los involucrados presuntamente buscaron justificar que se saltaron las listas de espera o que le quitaron el cupo a personas con mayor prioridad con certificados dudosos, todo para —potencialmente— saltarse alguna sanción en un procedimiento disciplinario.

Todo lo anterior no cumple lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley n.°20.584, el cual dispone que «Toda persona tiene derecho, cualquiera que sea el prestador que ejecute las acciones de promoción, protección y recuperación de su salud y de su rehabilitación, a que ellas sean dadas oportunamente y sin discriminación arbitraria, en las formas y condiciones que determinan la Constitución y las leyes».

Asimismo, su artículo 5° prevé que, en su atención de salud las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. En efecto, el artículo 18, inciso sexto, del decreto con fuerza de ley n.°1, de 2005, del Ministerio de Salud, prevé que los funcionarios públicos del sector salud que sean beneficiarios del Libro II de ese texto legal y sus cargas, podrán ser atendidos en el mismo establecimiento asistencial en que desempeñan sus labores, sin que se desprenda de aquella normativa que se pueda establecer alguna preferencia en favor de esas personas respecto de la generalidad de la población beneficiaria correspondiente.

El reporte del fiscalizador no aborda si dentro de los pacientes que fueron dejados de lado hay alguien que haya fallecido; a este respecto, cabe mencionar que en un reportaje de La Opinión de Chiloé de principios de este año se pudo concluir que entre enero y diciembre de 2023, un total de 385 «egresos» de las listas de espera fueron por fallecimiento, vale decir, residentes en el Archipiélago de Chiloé que tenían alguna interconsulta en el sistema ya sea para ser atendido por especialista, recibir una cirugía o para acceder a las garantías del programa AUGE-GES (ver nota relacionada).

Por otro lado, del análisis de las intervenciones quirúrgicas programadas y suspendidas, se constató que de un universo de 1.972 cirugías, 153 de ellas fueron suspendidas, lo que representa un 7,76% del total, con un 63,40% correspondiente a causas institucionales o administrativas, o de recursos humanos o físicos según la clasificación establecida en el Manual de «Solicitud de Pabellón Quirúrgico y Elaboración de Tabla Operatoria» aprobado mediante la resolución exenta n.°3.824, de 11 de junio de 2015, del Hospital de Ancud.

Cabe mencionar que, las razones que se esgrimen son contaminación de insumos, falta del equipo médico o instrumental, estudios incompletos, paciente no informado, entre otras causas, aunque la causa predominante fue por una presunta falta de camas (65 pacientes).

Eso sí, sorprende que también se registraron como causales la inclusión de material erróneo en el pabellón, contaminación de insumos (a alguien se le cayó al suelo algo o no se esterilizó a tiempo) o errores de programación/cambio de tabla; sobre este último punto, al menos a 4 pacientes a los que habían llamado fueron sacados para colocar a otro, no descartándose que el «error» haya sido para poner a un familiar de funcionario.

La situación expuesta no se ajusta a los principios de control, eficiencia y eficacia previstos en los artículos 3° y 5° y 11 de la Ley n.°18.575, en orden a que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos y por el debido cumplimiento de la función pública y de los fines y objetivos establecidos, incluyendo la legalidad y oportunidad de sus actuaciones, ejerciendo un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y del actuar del personal de su dependencia, lo que no se advierte en la especie.

Por este motivo, la Contraloría anunció que iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Además, solicitó que el recinto asistencial deberá garantizar que la inclusión a las listas de espera y la efectiva intervención quirúrgica de los pacientes se realice con estricto apego a las normas, especialmente cuando las garantías constitucionales prohíben establecer diferencias arbitrarias entre las personas.

En otra observación, se verificó que dos profesionales no se encontraban inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Salud y, además, no tenían autorización de parte de la Secretaría Ministerial de Salud de Los Lagos para desempeñarse en dicho centro asistencial.

Por este hecho en particular, la Contraloría ordenó al hospital efectuar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de todas las observaciones consignadas en el informe.

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