Ancud: imputan a ebrio homicidio tentado a Carabinero tras chocar e intentar huir

Fotografía de contexto.

ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Un rutinario procedimiento policial por un accidente de tránsito registrado en la ciudad de Ancud habría derivado, de manera sorpresiva, en una grave imputación penal en contra de un sujeto que fue detenido bajo los efectos del alcohol luego de protagonizar un choque y posterior intento de eludir la acción policial.

De acuerdo a información judicial que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé en causa RIT O-1177-2024 RUC 2410037025-1 seguida ante el Juzgado de Garantía de Ancud, los hechos habrían partido alrededor de las 11.20 horas de este viernes cuando, por causas que serán objeto de indagatorias, un vehículo menor que transitaba por calle Los Alerces chocó a otro móvil estacionado en calle San Carlos, provocando daños.

Lo que se sabe hasta ahora es que el vehículo chocado sería de tipo policial a cargo de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Ancud, quienes se bajaron para proceder a la inmediata fiscalización del chofer e iniciar el procedimiento de rigor.

Sin embargo, según lo expuesto por el fiscal (s) Cristian Mena, el imputado habría hecho caso omiso a las señalizaciones de los funcionarios y presuntamente realizó una maniobra vehicular temeraria con su camioneta para escapar, instantes en que casi atropella a uno de los Carabineros que se acercó a su móvil.

Tras ello, el conductor fue seguido brevemente por personal policial, siendo detenido minutos después de este incidente en calle Pudeto, corroborándose que habría estado conduciendo con alcohol en la sangre. Fue identificado como Yerko Chales Aguilar (30 años).

Fueron los mismos funcionarios policiales los que se percataron que el detenido presentaba un fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, inestabilidad al caminar e incoherencia al hablar, todo relacionado con una persona que estaba imposibilitada de manejar por ebriedad manifiesta.

Además, se le practicó la prueba respiratoria que habría marcado 1,07 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que reafirmó las sospechas iniciales respecto a que estaba inhabilitado para conducir por estar bajo los efectos del alcohol.

La información fue confirmada por la mayor Cintya Sanhueza, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Ancud, asegurando que un equipo de uniformados a su mando aprehendió «a un sujeto que conducía en estado de ebriedad [quien] procede a chocar el vehículo móvil que utilizaba el personal (…) y a su vez, intenta atropellar a uno de sus funcionarios».

El sujeto pasó a control de la detención durante este sábado, instancia donde el juez de turno la declaró ajustada a derecho, para dar paso a la formalización pertinente por varios delitos.

Así, en opinión del Ministerio Público, se daría en primera instancia un eventual homicidio de Carabinero en funciones, descrito y sancionado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar, en grado de desarrollo tentado, un ilícito de carácter grave que tiene duras sanciones.

Por otro lado, se añadió un presunto delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños, descrito y sancionado en el artículo 110 en relación al artículo 196 de la Ley n.º18.290 de Tránsito, en grado de desarrollo consumado.

Adicionalmente, se sumó el eventual delito de atentado contra la autoridad de Carabineros en el ejercicio de sus funciones, detallado en el artículo 261 n.°2 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado.

Finalmente, se incluyó también la formalización por dos eventuales delitos de amenazas a Carabineros, descritos y sancionados en el artículo 296 n.°3 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado.

Según el fiscal (s) Mena, el imputado «colisiona contra un vehículo que está asignado a Carabineros de Chile», y que luego de eso, los efectivos policiales «controlan a este conductor, quien realiza una maniobra de retroceso, ante lo cual uno de los Carabineros tuvo que efectuar una maniobra para evitar ser atropellado por esta persona. El imputado huye del lugar y es finalmente detenido».

Añadió que una vez aprehendido, y al conformarse que podría estar en estado de ebriedad, el imputado «realiza un accionar violento contra los funcionarios y finalmente los amenaza de muerte».

Así las cosas, pidió al Juzgado de Garantía de Ancud que se aplique como medida cautelar la prisión preventiva, atendido el número de posibles delitos, la gravedad de al menos uno de ellos —el homicidio tentado—, y para resguardar la seguridad de las víctimas.

La precautoria fue incidentada por su defensor particular, el abogado Ariel Jara Fuentes, alegando que su representado mantiene una irreprochable conducta anterior y que su hoja de vida como conductor estaría sin antecedentes.

Oídos los intervinientes, el juez Fernando Feliú Correa, desechó estas alegaciones acogiendo la solicitud de la Fiscalía de imponer prisión preventiva, aseverando que todos los antecedentes expuestos por el persecutor penal, hoy día, permiten al Tribunal estimar que, en conformidad lo exige el artículo 140 del Código Procesal Penal en sus letras a) y b), esta justificada la existencia de estos delitos, y también estos mismos antecedentes permiten presumir fundadamente la participación del imputado en calidad de autor.

La decisión de esta medida cautelar se dio atendido la gravedad de la pena asignada a los delitos, la pena posible a imponer y su eventual forma de cumplimiento, que dan cuenta, por ahora, de la insuficiencia de otras medidas cautelares de menor intensidad, para resguardar el peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas que reviste la libertad del encausado.

Acogió tambiñen la cautelar descrita en la letra h) del artículo 1 del Código Procesal Penal, esto es, la prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego, municiones o cartuchos. Se ordenó a la entidad fiscalizadora pertinente proceder a la revisión e incautación de las armas registradas a nombre del imputado en su domicilio.

Se fijó un plazo de investigación de 90 días, sin perjuicio de la potestad de la defensa para recurrir ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para que su representado quede con una medida menos gravosa.

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