SANTIAGO (La Opinión de Chiloé) — La declaración de Leo Pinheiro, expresidente de la constructora brasileña OAS, indicando que supuestamente entregó más de 100 millones de pesos para la campaña presidencial de Michelle Bachelet, sigue trayendo diversos coletazos en el país abriendo nuevas aristas que podrían complicar al actual gobierno de Sebastián Piñera.
A la falta de documentación que acredite aquel eventual pago, la liberación del exejecutivo un día después de haber proferido tal declaración y la coincidencia de aquélla a pocos días que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU revelara un informe indicando la «reducción del espacio democrático» en Brasil, se suma ahora la confirmación por parte de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad respecto a una investigación para determinar si existió o no alguna irregularidad en la concesión del proyecto del Puente sobre el Canal de Chacao.
Hay que recordar que algunas organizaciones sociales anti-puente en Chiloé han expuesto en reiteradas ocasiones sus sospechas sobre eventuales actos de corrupción durante la licitación y posterior adjudicación del viaducto, aunque en la carpeta del ente persecutor no se registra a alguna que haya entregado antecedentes fundados.
En particular, la Fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, quien está a cargo de las indagatorias de los eventuales vínculos de la empresa OAS en Chile, instruyó realizar algunas diligencias que busquen determinar si se favoreció o no al Consorcio Puente Chacao S.A., donde la brasileña era accionista hasta su salida oficializada en julio de este año aunque ya octubre de 2018 había dejado de ser parte del directorio (ver nota relacionada). El tema podría afectar al actual mandatario.
Las indagatorias eso sí sólo se abocarían hasta el proceso de adjudicación, por lo que no se revisarían actuaciones posteriores de la empresa OAS para la concreción del viaducto, y que según Hyundai incluyeron incumplimientos de sus obligaciones y presuntos intentos de hacer caer en insolvencia al Consorcio con sostenidos bloqueos a fuentes de financiamiento de emergencia y la crítica situación financiera que vivió durante años (ver nota relacionada).
Luego, al conocerse las diligencias solicitadas por la persecutora, el ministro del Interior Andrés Chadwick salió a indicar que «esa adjudicación sí se hizo en el primer gobierno del presidente Piñera y tenemos la mejor disposición e interés en que se esclarezca y se investigue a fondo, así que, ya sea a pedido de la fiscal Chong, obviamente está la colaboración absoluta».
El secretario de estado confirmó que el Ministerio Público ya pidió antecedentes sobre el proceso licitatorio añadiendo que «no hay que desviar los temas porque el punto dice relación con un eventual traspaso de recursos en campaña. Por eso creo que lo mejor, cuando uno tiene la verdad y no tiene ni un compromiso o inconveniente, lo mejor es la disposición y nuestra actitud es investigación completa».
La vocera de gobierno en tanto, Cecilia Pérez, afirmó también que La Moneda está disponible «en cada uno de los casos en que hemos sido requeridos por la justicia para aportar los antecedentes necesarios».
Cabe recordar que el ex presidente de la empresa brasileña, Leo Pinheiro, afirmó haber realizado supuestos aportes a la campaña presidencial de Michelle Bachelet, por más de 100 millones de pesos a través de una sociedad de Giorgio Martelli.
A este respecto, Martelli indicó que era efectivo que existía un acuerdo entre su empresa y OAS por 101 millones de pesos, pero por asesorías, aclarando que los brasileños alcanzaron a realizar pagos por 50 millones de pesos que se facturaron. Aseguró además que «en relación a versiones de prensa que me involucran en el financiamiento de la empresa OAS para la campaña de Michelle Bachelet, quiero reiterar que mi empresa jamás ha recibido dinero para financiamiento político».
Aseguró que “el contrato que estableció mi empresa con OAS fue en el año 2014, posterior a la campaña presidencial, y se refirió a un estudio de precios del suelo y la elaboración de un mapa turístico de Chiloé. Dados los problemas financieros de dicha empresa en Chile, el contrato finalmente se limitó solamente a la elaboración del mapa Turístico de Chiloé, por un monto de 50 millones aproximadamente, producto que existe y es ampliamente conocido”.
“Ningún peso de dicho monto se destinó a financiar campaña alguna, antecedentes que hace ya casi tres años puse a disposición de la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos en forma extensiva, voluntaria y como testigo”, sostiene.
Por otro lado, y desde Ginebra, Suiza, la exmandataria Michelle Bachelet y hoy Alta Comisionada ONU por los Derechos Humanos señaló que «yo tengo una sola verdad que es la que he dicho desde el comienzo (…) mi verdad es la misma de siempre, yo no he tenido nunca vínculos con OAS».
Agregó que «la verdad es que me parece tan extraño que él (Pinheiros), después de haber tenido la oportunidad de hablar con la fiscal (Ximena) Chong, si es que había algún antecedente para haberlo entregado, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del puente Chacao, que fue adjudicado en el gobierno del Presidente Piñera».
Bachelet hizo alusión explícitamente a la situación judicial del caso, dado que en 2018, cuando la fiscal Chong concurrió a Brasil a tomarle declaración a Leo Pinheiro, el empresario optó por guardar silencio.
La fuente de la información es un condenado por corrupción y lavado de dinero, que se ha convertido en un delator compensado de la justicia brasileña al aportar varias pruebas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, recibiendo así varios beneficios de la Fiscalía.
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