CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Una grave denuncia de actos que podrían ser constitutivos de algún delito de connotación sexual al interior de la cárcel de Castro es el que está indagando por estos días el Ministerio Público de la capital provincial luego de revelarse que, de manera insólita, un condenado de primera instancia por violación y homicidio en la isla Lemuy mantenía contacto con reclusos primerizos a quienes amedrentaba para cometer actos eventualmente impropios.
De acuerdo a antecedentes a los que accedió La Opinión de Chiloé, el presunto implicado en estos hechos se trataría nada más y nada menos que de Marcos Llaipén Escobar (49), sujeto condenado en noviembre de 2018 por el salvaje crimen de Javier Enrique Nahuelneri Ojeda (51 años) en Puqueldón, a quien junto con Juan Nahuel Loncón (40) y Luis Vásquez Colipichún (44) golpearon salvajemente hasta dejarlo inconsciente, lo amordazaron para no escuchar sus lamentos, le amarraron las manos y pies con alambres, y le inmovilizaron la cabeza con una sábana para iniciar un largo periplo de torturas: según el tribunal de primera instancia, los tres lo violaron para después cercenarle los genitales y quemarlo, provocándole severas lesiones en los testículos, pene y recto, donde además introdujeron una cuchara, causándole la muerte tras días de agonía.
Los eventuales hechos que hoy son investigados en el Centro de Detención Preventiva de Castro fueron denunciados a través de una carta remitida por 18 internos del dormitorio n.°7, quienes arguyen que el delincuente utilizaba un arma blanca hechiza para amenazar a sus potenciales víctimas durante la noche para cometer los actos en comento. Fue así que de manera inmediata se determinó trasladar al sujeto hacia el Centro Penitenciario de Alto Bonito en Puerto Montt a la espera de cómo evolucionan las indagatorias.
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de Ancud fueron mandatados esta semana a cotejar declaraciones de los denunciantes y determinar si se tipifica o no un delito perseguible a nivel penal. La denuncia es bastante delicada toda vez que podría derivar en sendos recursos de amparo y protección en contra Gendarmería de Chile por su responsabilidad en la vulneración de preceptos constitucionales de los afectados; además, de comprobarse la existencia de abusos sexuales, estos se habrían dado en el marco de personas bajo la tutela del Estado (algunos que aun no son reos rematados), por lo que abriría la puerta para demandas de carácter civil.
Lo que ocurrió en el recinto carcelario castreño se mantiene bajo reserva, aunque se habla de a lo menos un intento de violación, y varios casos de presuntos abusos sexuales.
¿Por qué alguien vinculado a un homicidio y violación se encontraba con la población penal primeriza? La respuesta vendría por el lado de la inexistencia de una sentencia ejecutoriada toda vez que, según confirmó La Opinión de Chiloé en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el 20 de marzo se declaró admisible el recurso de nulidad interpuesto por su defensor en contra de la sentencia definitiva del 26 de noviembre de 2018 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro; lo mismo ocurrió con los otros dos sindicados como coautores. Ahí se le había condenado a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio simple, mientras que por la violación, se sumaron otros seis años.
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