Ancud: grave denuncia contra «tíos» del Sename por actos sexuales frente a niñas

marzo 22, 2021 La Opinión de Chiloé Ancud, Policial, Reportaje de investigación, Sociedad 0
Fotografía referencial.
Véase también:
Ancud: Tribunal acoge querellas tras golpizas en hogar «colaborador» del Sename.
Ancud: vecinos se movilizan tras horrorosos abusos en hogar de menores vinculado al Sename.
Impacto en Ancud: denuncian abusos sexuales y torturas en hogar «colaborador» del Sename.

ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Una nueva e impactante denuncia proveniente de niños, niñas y adolescentes del Centro Residencial Santa Mónica de Ancud está en manos de la Fiscalía local al constituir eventuales nuevas vulneraciones en el ámbito sexual, y que pondrían en entredicho de manera severa la intervención que supuestamente ha llevado adelante el Servicio Nacional de Menores (Sename) tras acusaciones de maltratos y abusos sexuales que salieron a la luz pública en octubre del año pasado.

La Opinión de Chiloé accedió a varios antecedentes que se han mantenido en secreto a la comunidad, incluso intentando coaccionar la libertad de informar sin censura previa, y que revelaría un fracaso estrepitoso en la estrategia aplicada por la dirección regional del organismo, a cargo de Lilian Peña Castillo, en orden a contener e iniciar un proceso reparatorio a todas las víctimas de ese recinto tras cedérsele su administración luego de aberrantes relatos sobre vejaciones sufridas por sus residentes, todos menores de edad.

En particular, la nueva denuncia se remite a hechos que habrían ocurrido a fines de enero de este 2021 y que inicialmente se ventilaron en el Juzgado de Familia de Ancud, aunque también un reporte reservado con el relato de los hechos se había remitido al Ministerio Público de esa misma ciudad.

Ahí, se menciona que por lo menos tres niñas habrían sido testigos de situaciones de índole sexual entre dos educadores de trato directo identificados como H.H.B.H. y A.F.B.S., y que estas se habrían realizado en espacios de uso común donde cualquiera podía circular.

Fuentes independientes indicaron a La Opinión de Chiloé que las menores, junto con acusar incómodas situaciones de ambas personas como encierros en los baños y sonidos de tipo coital que fue escuchado por varias residentes, también refirieron que los sorprendieron manteniendo relaciones sexuales en pleno sillón ubicado en un espacio común.

Interrogados los presuntos implicados, el varón lo negó todo mientras que la mujer aseguró que estarían creando un lazo de amistad, indicando que quizás las niñas habrían «malinterpretado» sus acciones cuando los vieron moviéndose y tapados con una frazada en el sillón de la sala de la sección femenina.

Los hechos, de ser efectivos, configurarían el delito de abuso sexual impropio o indirecto o exposición de menores a actos de significación sexual, ilícito descrito y sancionado en el artículo 366 quáter del Código Penal, razón por la cual se inició una investigación.

Además, se dio aviso tanto al Juzgado de Familia por eventual vulneración de derechos como a la Fiscalía local para que determine una potencial persecución penal.

Ambos implicados fueron desvinculados inmediatamente, mientras que ello aceleró el fin del Centro Santa Mónica como proyecto residencial, por lo que las menores fueron trasladadas a otro recinto en Ancud, el que contaría con un nuevo equipo de trabajo según el Sename, algo que La Opinión de Chiloé no ha confirmado con fuentes independientes.

Según detalló esta institución tras ser requerido por el juez de familia de esa ciudad, en este nuevo lugar se estarían tomando todas las medidas de resguardo y seguridad para que no ocurra un nuevo episodio como el reportado ese enero que pudieran perjudicar su desarrollo e integridad. Cabe mencionar eso sí que lo mismo habían señalado en octubre tras las aberrantes denuncias de abuso sexual, golpizas y maltrato psicológico.

La Opinión de Chiloé confirmó que la Directora regional, Lilian Peña Castillo, estuvo en Ancud en enero, justo cuando se reveló la nueva denuncia, siendo ésta de su pleno conocimiento; sin embargo, guardó completo silencio.

Hay que mencionar que la administración provisoria de la residencia Santa Mónica había sido entregada al Sename en noviembre de 2020 tras las primeras denuncias (de octubre). La determinación fue tomada por el Juzgado de Familia luego de una solicitud de la dirección regional del organismo estatal.

En esa época, Peña Castillo indicaba que esta medida era «la mejor opción para poder intervenir y restablecer las condiciones de protección y cuidado que requieren y merecen todas y todos los niños y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado».

Aseguraba además que trabajarían en el «reforzamiento de los planes individuales de intervención» y que se instalaría un equipo directivo, administrativo y técnico supuestamente renovado para intervenir en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes que vivían en el lugar.

Sin embargo, con lo ocurrido en enero se comenzó a hablar de un evidente fracaso del trabajo que aparentemente se estaba haciendo tras el traspaso, por lo que días después se decidió trasladar a las víctimas a una nueva residencia recién creada para la ciudad.

Así las cosas, se desestimó aplicar medidas de protección con estas tres nuevas denunciantes debido a que el traslado fue concretado rápidamente.

La Opinión de Chiloé consultó con fuentes judiciales si el Sename había ingresado alguna querella por estos nuevos hechos, y la respuesta preliminar es que no, más allá de informar a la Fiscalía. Aparentemente en este caso, se podrían atribuir algunas responsabilidades a esta institución de existir las vulneraciones descritas en artículo 366 quáter del Código Penal, sin desmedro de su responsabilidad «solidaria» por lo que pasó en octubre.

En efecto, el artículo 2320 del Código Civil preceptúa en el inciso primero que: «toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado», mientras que en el tercero acota que «así el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado».

Luego al ser los eventuales responsables parte del Sename (sea directa o indirectamente), entonces le cabría responsabilidad también a aquella institución que es dirigida por Peña Castillo. Fuentes del ámbito legal vinculadas a la protección de la infancia consultadas por La Opinión de Chiloé dejaron entrever que si las decisiones que ella tomó derivaron en los eventuales actos criminales que se han ventilado durante los últimos meses, podría dar pie para que sea perseguida a nivel penal y/o civil por las familias de los niños, niñas y adolescentes.

A este respecto, el autor Enrique Barros Bourie en su obra: Tratado de Responsabilidad Extracontractual (página 173) señala que: «el fundamento de la presunción es la existencia de un vínculo de autoridad o cuidado entre el guardián y el autor del daño». Añade el mismo autor (página 175) que, tal presunción estaría limitada al tiempo en que los menores están bajo el cuidado de la institución.

En consecuencia, el sólo hecho de ocurrir estos hechos denunciados en enero de 2021 y en octubre de 2020 indicarían que en el Centro Residencial Santa Mónica de Ancud no se adoptaron medidas eficaces y oportunas para evitar la presunta comisión de los hechos delictuales que tuvieron por víctimas a las niñas, niños y adolescentes.

Así las cosas, para que opere la presunción de responsabilidad del Sename por el hecho ajeno (ultrajes sexuales), se requiere comprobar que los trabajadores incurrieron en los ilícitos (Fiscalía está investigando), que existe relación de autoridad o dependencia con el guardián (el empleador es el Sename ya sea directa o indirectamente), y, que el ilícito ocasionó daños a los y las menores.

NOTA DE LA REDACCIÓN: La Opinión de Chiloé mantendrá bajo reserva los nombres de los educadores de trato directo que estarían involucrados ya que existen diligencias pendientes.
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