Ancud: imputan homicidio tentado a carabinero por 5 disparos a campesino; 3 por la espalda

Véase también:
Ancud: el secreto baleo a campesino que remece a Carabineros de Chacao.
Ancud: INDH se querella por homicidio tentado tras baleo de Carabineros a campesino.
Ancud: formalizarán a 2 Carabineros de Chacao tras baleo a campesino.

CHACAO, ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Finalmente, tal y como estaba programado, durante el día de ayer se realizó la audiencia de formalización de la investigación por un cuestionado procedimiento policial en una propiedad privada del sector Linao, Ancud, y que terminó con un campesino baleado en estado de extrema gravedad.

El incidente y una serie de irregularidades posteriores se habían mantenido en secreto ante la ciudadanía hasta que La Opinión de Chiloé los reveló en un reportaje en mayo (ver nota relacionada). Éste, tiene como protagonistas a dos funcionarios de Carabineros de la Tenencia de Chacao —dependiente de la Primera Comisaría de Ancud— por su presunta responsabilidad en los hechos y como víctima a un vecino que recibió varios impactos de bala a pasos de su propia casa luego que los aludidos ingresaran al predio sin autorización ni delito en ciernes.

En tal marco, este miércoles se formalizó como presunto autor de homicidio simple frustrado al sargento 2° Carlos Andrés Parra Candia, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 n.º2 del Código Penal cometido en perjuicio de la víctima J.M.C.P.; respecto a la formalización del segundo funcionario policial, el cabo 2° Gonzalo Maxiliano Vargas Vargas, éste fue por lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 397 n.°2 del Código Penal en perjuicio de la misma víctima.

Hay que recordar que dentro de los antecedentes que se conocen, se sabe que el agricultor fue baleado al interior de su propio predio luego que los funcionarios policiales ingresaran sin una orden judicial ni causa probable por una denuncia de supuestas amenazas en contexto de violencia intrafamiliar que habrían ocurrido en otro predio, propiedad de la hermana de la víctima.

En efecto, J.M.C.P. no estaba ni cerca de la casa de su hermana cuando recibió los disparos, mientras que el mismo carabinero sindicado de haber percutado su arma se ha transformado «extrañamente» en el testigo de ella, sin que se sepan las razones, mientras que el otro carabinero terminó siendo el aval de la denuncia. Más raro aún es que todo ocurrió el 24 de febrero de 2018 pero la causa por las amenazas comenzó tramitación recién en mayo de 2019, justo cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos tomó cartas en el caso del baleo ¿coincidencia? ¿sería un nuevo caso de imputación penal falsa urdida por Carabineros de Ancud para cubrir acciones funcionarias ilícitas?

A lo anterior hay que sumar que ya había existido otra denuncia ingresada por la hermana contra el afectado donde supuestamente acusó un imaginario delito de ataque con palos que posteriormente la juez terminó por desestimar. La misma mujer, además, denunció en 2017 a su otro hermano por eventuales amenazas, pero la causa terminó por sobreseerse: ahí también había otro carabinero de «testigo».

Pues bien, en la formalización de este miércoles, a ambos Carabineros que actuaron ese 24 de febrero se les imputó como autores, con distinto grado de participación, de los hechos en comento. Ese día, el agricultor fue baleado frente a su esposa e hija y, sorpresivamente, no lo habrían llevado a un recinto asistencial dejándolo inconsciente y desangrándose, interfiriendo supuestamente en su traslado: el incidente movilizó incluso hacia el hospital de Ancud a «casi toda» la Comisaría, siguiendo luego los pasos del herido a Castro.

A lo anterior se sumaron hechos inexplicables como la desaparición de una bala en un box del Hospital, proyectil que habría sido extraído ante la mirada de al menos dos Carabineros quienes después no supieron dar explicaciones sobre el «extravío». De hecho, ni siquiera en la Comisaría se inició una investigación por aquello que sería, a lo menos, anormal.

Los antecedentes que sustentarían la acción penal son la eventual existencia de una potencial reacción desproporcionada de los dos Carabineros de la Tenencia de Chacao luego que el campesino recibiera por lo menos cinco disparos (tres por la espalda según el INDH), además de un presunto entorpecimiento o intento de dilatar su traslado hacia un Servicio de Urgencia; se sumaron posteriores versiones dudosas de lo que pasó.

Parra Candia quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, mientras que Vargas Vargas con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante aseverando desde un comienzo que acá se configuraría el delito de homicidio simple frustrado para el caso de los dos sujetos, y antes de la formalización en comento, el fiscal había optado por tipificarlo como simples lesiones graves, sí, el mismo fiscal que tendría una relación contractual con la institución al realizar clases en la Escuela de Formación de Carabineros «Grupo Ancud» según el teniente coronel Juan Rodríguez Huerta, Jefe del Departamento de información pública y lobby.

En opinión del INDH, «la conducta que los funcionarios policiales desplegaron exceden el margen de empleo de la fuerza legítima permitida a los agentes policiales; asimismo se puede ver que existe una conducta dolosa que deriva en una afectación directa del ofendido, acción que dada la intensidad y naturaleza es idónea para lograr el resultado exigido por el tipo penal propuesto».

Agrega el INDH que los antecedentes que ellos tienen permiten aseverar que concurren «los elementos del tipo objetivo del delito de homicidio».

El incidente es uno más de los investigados en la comuna de Ancud en contra de procedimientos irregulares perpetrados por personal de la Primera Comisaría de Carabineros; basta recordar que en febrero pasado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella criminal tras una golpiza, detención e imputación falsa de un delito al menor B.S.G.R, de 17 años y de ascendencia huilliche (ver nota relacionada), algo que se acreditó ante el Juzgado local luego que la magistrado condenara el actuar ilegal de Carabineros y determinara que las acusaciones de los policías eran un invento. Clave fue un vídeo que demostró que los funcionarios mentían.

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