Las Quemas, Puerto Montt: Iglesia reconoce que reintegró a cura pederasta y guardó el secreto

Fotografía: Kvarnerski.
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PUERTO MONTT (La Opinión de Chiloé) — Mediante un comunicado emitido este sábado, el Arzobispado de Puerto Montt procedió a informar su posición respecto a la serie de indagatorias que realiza el Ministerio Público y la justicia canónica sobre varios casos de abuso sexual a menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica en su jurisdicción.

En el comunicado que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, el Arzobispado se vio obligado a develar la identidad de un exsacerdote que había sido condenado por abuso sexual de menores en el año 2004, y que no aparecía en los dos listados que la Conferencia Episcopal había hecho públicos el 3 de agosto pasado (ver acá) donde se mencionaban 17 sacerdotes (10 diocesanos y siete religiosos) y un diácono (en tránsito), quienes recibieron sus sentencias desde el ámbito civil “por delitos contra menores de edad cometidos por personas que eran clérigos al momento de la comisión del delito” y otros 25 los sacerdotes (15 diocesanos y 10 religiosos) los que fueron sentenciados a través de la justicia canónica por el mismo hecho.

Se suponía que tal publicación era una muestra de transparencia dentro de los compromisos asumidos en el cierre de la Asamblea Extraordinaria de Obispos ese 3 de agosto, pero curiosamente, en el comunicado emitido hoy por el Arzobispado de Puerto Montt se alude a un sacerdote vinculado a abuso sexual de menor que se desempeñó en el sector de Las Quemas, y que no aparecía en alguno de los listados de la Conferencia Episcopal.

Según antecedentes indagados por La Opinión de Chiloé, se trata de Víctor Guerrero Díaz, condenado por abuso sexual de una menor el año 2004, y que estuvo suspendido temporalmente del ejercicio del ministerio sacerdotal sólo hasta el año 2006, cuando fue reestablecido en el ejercicio del sacerdocio mientras era Arzobispo Cristián Caro Cordero, que a su vez hoy es sindicado como supuesto encubridor de denuncias de abusos contra menores por parte de dos sacerdotes y de proteger una red de abusadores en la arquidiócesis de Puerto Montt tras una investigación de CIPER. Eventualmente llegó a la Parroquia Santo Toribio de las Quemas.

Guerrero Díaz habría sido uno de los protegidos de Caro Cordero, y a pesar de los antecedentes de pederastia, igual en 2007 se le mencionaba como parte de la Fundación Católica de Educación, que a partir de 2008 tomaría las riendas del Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Varas. Se desconoce con cuántos niños y niñas mantuvo contacto a través de su participación en la fundación, a pesar de su condena de 2004.

Fue presbítero hasta el año 2012, cuando habría optado por dejar el sacerdocio, no sin antes ser acusado de protagonizar algunos incidentes, entre ellos una denuncia de una feligresa en 2011, quien lo acusó de agredirla de manera vulgar arrojándole $5.000.- en la cara luego que un día antes, una voluntaria le cobrara ese dinero en el Cementerio por “gastos de aseo” que se negó a pagar por la presencia de un basural.

En esa oportunidad, el consejo pastoral Parroquial de las Quemas, conformado por sus ocho Capillas pertenecientes a las localidades de Salto Grande, Salto Chico, Línea Errázuriz, el Gato, los Pellines, el Tepual, San Antonio y Lagunitas, emitió un comunicado defendiendo al aludido, indicando “manifestamos todo nuestro apoyo y cariño al Padre Víctor, por el enorme bien que día a día realiza en todas las comunidades mencionadas, desempeñando un enorme y reconocido trabajo pastoral y espiritual (…). Junto al reconocido carisma del Padre Víctor en el respetuoso y diligente trato que posee para resolver cualquier inquietud y dificultad que se manifieste, insistimos en nuestro incondicional respaldo y cariño a quien se merece nuestra completo respaldo y animamos a nuestro párroco a seguir luchando por la verdad y los débiles”. Eventualmente, ¿nadie sabía que estaban defendiendo a un delincuente condenado por actos sexuales con una menor?

Al año siguiente, abandonó el sacerdocio.

En el comunicado de hoy, se indica sobre este caso que “en junio de 2018, a petición de la víctima de este delito y su familia, el Administrador Apostólico de la arquidiócesis les ha entregado los antecedentes de su denuncia para ser puestos en conocimiento de la justicia”.

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