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PUERTO MONTT (La Opinión de Chiloé) — El pasado mes de febrero, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt aprobó una solicitud del Ministerio Público respecto a la investigación que se sigue contra el imputado Francisco Javier Ríos Ríos (26 años) por el horroroso crimen de la pequeña Sophie Claire en la capital regional, y donde la madre Camila Alejandra Adriazola Campos, quien habría escuchado todo mientras su hija era asesinada, sigue en calidad de víctima y testigo.
Tal y como reportó La Opinión de Chiloé, la fiscal adjunto Ana Agüero Velásquez pidió que la tramitación de la causa sea reservada “con el fin de garantizar la eficacia de la investigación” en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 182 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 2 de la Ley 20.886 y disposición primera del Reglamento de Condiciones de Uso Consulta Unificada de Causas del Poder Judicial.
En medio del impacto mediático que tuvo el crimen, la reacción que tuvo la comunidad a las afueras del Juzgado cuando fue formalizado Ríos Ríos, y la proliferación de rumores en contra de la madre —incluso se aseveró que sería formalizada días después del crimen, algo que es falso según pudo corroborar La Opinión de Chiloé—, el tribunal decidió imponer secreto de investigación, previa consulta a la defensa y los otros intervinientes de la causa.
Desde la defensa de Ríos Ríos, se indicó que “dicha reserva frente terceros no intervinientes contribuiría a la seguridad del imputado frente a futuras diligencias y actuaciones», pero no se sabía la posición del Servicio Nacional de Menores de la Región de Los Lagos y de la Intendencia Regional. La Opinión de Chiloé accedió a los escritos de ambas partes querellantes donde se expone que estuvieron acuerdo con instaurar reserva aludiendo principalmente al impacto que podrían tener en la opinión pública futuras diligencias.
El Sename por ejemplo, indicó que «teniendo presente lo delicado que podría resultar el procedimiento para la opinión pública, la complejidad del caso y principalmente teniendo en consideración que la víctima era menor de edad, además de garantizar la eficacia del proceso investigativo, es que esta parte se adhiere a lo solicitado».
Desde la Intendencia en tanto, que fue crítica de los incidentes que protagonizaron cerca de 500 personas a las afueras del tribunal cuando apedrearon el lugar y agredieron al fiscal jefe de Puerto Montt, Marcelo Sambucetti, y al jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Fabián Silva, también se allanaron al pedido argumentando «la edad de la víctima y el impacto en la comunidad«.
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— La Opinión de Chiloé (@opinionchiloe) 25 de febrero de 2018
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